Con pruebas que ya están siendo puestas a disposición de los órganos de control
y con los expedientes que arrojó la auditoría forense, aplicada por instrucción del
alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, se presentó un revelador informe de
hallazgos e irregularidades que comprometen a la administración de Medellín
entre 2020 y 2023.
“Son 501 hallazgos que en dos meses hemos investigado e indagado, al tiempo
que gobernamos y ponemos en orden la casa. Porque la recibimos incinerada,
vandalizada y saqueada. Son 501 hallazgos sólo al día de hoy. Y los folios solo
corresponden a las pruebas de algunas de ellos. Todavía no están EPM,
Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General, Hospital Concejo de
Medellín, ni muchas otras que presentan también graves irregularidades”, señaló
el mandatario local.
Los hallazgos reflejan la manera en la que, en el cuatrienio 2020-2023, se tomaron
decisiones de tipo contractual, administrativo, financiero, jurídico y de recursos
humanos que impactan los recursos públicos de Medellín en cifras millonarias y
que evidencian el precario nivel de transparencia en las actuaciones
administrativas.
Las denuncias hechas por Gutiérrez Zuluaga revelan detalles desconocidos ante
la opinión pública del negocio de la Clínica de la 80 que se hizo con SaludCoop,
cuestionan la compra del predio en donde había una funeraria para la construcción
de un jardín infantil de Buen Comienzo y señalan que Presupuesto Participativo
funcionó como un ‘carrusel de la contratación’.
“En la mayoría nos constituimos como víctimas desde la alcaldía, lo que nos
permitirá asistir a las audiencias, ser notificados de todas las actuaciones, y
eventualmente ser indemnizados por perjuicios”, agregó el alcalde.
Sin que le restara gravedad a otras decisiones de la anterior administración de la
ciudad, que fueron ya denunciadas ante las autoridades competentes, el alcalde
Gutiérrez Zuluaga enfatizó que el más escandaloso de estos hechos tiene que ver
con el programa insignia de la pasada administración de Medellín: Computadores
Futuro.
El alcalde señaló una presunta adjudicación fraudulenta del contrato, del cual
subrayó que tuvo sobrecostos y retrasos.
El contrato inicial se adjudicó por un valor de $80.000 millones. Sin embargo, tuvo
6 modificaciones y terminó costando $118.000 millones, es decir $38.000 millones
más. Según el informe, los equipos entregados no cumplían con las
especificaciones técnicas contratadas, por ejemplo, se hallaron equipos sin
sistema de ventilación. Además, más de 9.000 computadores fueron entregados
bajo la modalidad de incentivo, lo cual no está permitido, ya que la Constitución
Nacional prohíbe las donaciones a particulares por parte de entidades públicas.
La gravedad de los hallazgos es tal, que incluso el alcalde denunció que uno de
los Computadores Futuro fue encontrado en una casa de empeño de la ciudad.
Otro de los señalamientos más escandalosos hechos por el mandatario
compromete el manejo de recursos de Presupuesto Participativo durante los
recientes cuatro años.
“Se evidenció un presunto ‘carrusel de la contratación’ en el que se direccionaron
los recursos de Presupuesto Participativo para favorecer a 18 corporaciones,
soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que
identificaban las corporaciones con las que Plaza Mayor debía contratar, lo cual
está prohibido por la ley”, precisó.
Además, explicó que los operadores identificados en los códigos internos suman
contrataciones por un valor superior a $25.000 millones, solo en 2023.
Con relación al negocio de la Clínica de la 80, al parecer hubo un presunto
detrimento patrimonial y fue un negocio mal hecho que dejó pérdidas millonarias.
La alcaldía del momento firmó un contrato de comodato con la clínica SaludCoop
de la 80 y posteriormente hizo adecuaciones en infraestructura física por un valor
cercano a los $24.000 millones; luego SaludCoop solicitó la devolución de la
clínica. La alcaldía firmó un contrato para vender las adecuaciones a un privado
por $12.000 millones, y ese valor fue inferior al 50 % de los recursos públicos
invertidos, con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas.
Adicionalmente, esta decisión se debía llevar al comité de conciliación para su
aprobación. Este nunca lo aprobó. Al día siguiente, Secretarios de Salud, General
y Suministros incurrieron en una presunta falsedad en el documento de venta ante
notaría sosteniendo que el comité de conciliación los había autorizado para ello.
“Nuestra administración, en cumplimiento de la ley y el compromiso adquirido por
la ciudadanía, ha realizado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación
por los presuntos delitos de peculado, suscripción de contrato estatal sin
cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público”, denunció
Gutiérrez Zuluaga.
El alcalde de Medellín reiteró su indignación por las malas condiciones en que
encontró el estado general de la ciudad y puntualizó sobre el mantenimiento de
jardines y zonas verdes que “por la politiquería y la corrupción pasamos de ser la
ciudad de las flores y los jardines, referente en el país por el mantenimiento de las
zonas verdes, a una ciudad marchita, abandonada y descuidada, por la
contratación indebida de operadores sin la idoneidad y experiencia requerida”.
El programa Buen Comienzo también fue objeto de investigación en la auditoría
forense la cual señaló que, de manera arbitraria y sin evaluar la pertinencia, se
adquirió un predio donde operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por
valor de $5.182 millones, el cual no es apto para la construcción y funcionamiento
de un jardín infantil, conforme con los usos del suelo, con el agravante de que se
requirieron, adicional, más de $7.315 millones para su puesta en funcionamiento.
Además, actualmente se encuentran imputaciones en fiscalía a exfuncionarios por
hechos de corrupción frente a la contratación con sobrecostos para los paquetes
alimentarios del programa, entre los que se encuentran la ex secretaria de
Educación, la ex directora técnica del programa y el representante legal de una
de las corporaciones que funcionaba como operador.
Sobre el Parque de Las Aguas, el informe advierte que con recursos públicos del
Área Metropolitana, a través de Metroparques, se firmaron contratos para el
mantenimiento, cercanos a los $22.000 millones, donde se evidencia un presunto
‘carrusel de contratistas’ sin la experiencia e idoneidad. Entre las evidencias
aportadas a la Fiscalía se identifica concentración y presunto direccionamiento de
la contratación con sobrecostos.
En este caso, también se encontraron hallazgos tan graves como la contratación de empresas del sector textil para el mantenimiento del parque. La Administración Distrital ha colaborado con la
Fiscalía para determinar la posible utilización de documentos falsos.
En este hecho, se configuran presuntamente los delitos de asociación para la
comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato,
peculado por apropiación y uso de documento falso. Hoy, la Alcaldía de Medellín
aportará evidencia adicional ante el órgano de control.
“Queremos ser muy responsables con algo, y es calcular el daño al Distrito. No
nos corresponde a nosotros cuantificarlo. En todos estos casos estamos
constituyéndonos como parte y como víctimas, lo que nos permitirá seguir
aportando elementos probatorios y reclamar el daño causado a nuestro
patrimonio. Queremos dejar un precedente: esto no puede volver a pasar”,
expresó Gutiérrez Zuluaga.
Finalmente, al alcalde de Medellín manifestó su gratitud con las veedurías, los
medios de comunicación, los funcionarios, los testigos y la ciudadanía activa que
con sus denuncias protegieron a la ciudad.
